La negligencia y el deterioro en los servicios de salud en México han obstaculizado uno de los Objetivos del Milenio: reducir la tasa de mortalidad materna, señalan especialistas; por el contrario, en tres años, 20 jurisdicciones sanitarias registraron la muerte de 143 mujeres por cada 9 mil nacidos. Considerado un problema de pobreza y desigualdad social, en el Estado de México y en el Distrito Federal el deceso por complicaciones obstetricias presenta altos índices
Eustolia Mendoza tenía 30 años cuando fue por primera vez madre. El 6 de diciembre daría a luz a sus gemelos. Sólo las mujeres con dinero tienen el privilegio de sobrevivir al parto. A Eustolia, una mujer na’saavi, la pobreza le costó la vida.
Ella vivía en Lago de la Garza, en Cochoapa el Grande. Nació en Caguañaña, en plena montaña; ahí está la única clínica. Los dolores le comenzaron el sábado. Como ya le era imposible bajar, su padre se aventuró a buscar al médico. No estaba; se había tomado un descanso de fin de semana, y el enfermero se fue a cubrir un turno en Metlatónoc. Tampoco ahí había médicos.
Qué le quedó a Eustolia. Subirse a un camión y viajar cuatro horas hasta Tlapa, la cabecera municipal. Ya era domingo. El chofer bajó a sus pasajeros y subió a la madre. Llegó muy tarde al Hospital del Niño y la Mujer. Ese domingo sus gemelos nacieron muertos. Dos cajas para los recién nacidos: incosteables. Los ataúdes y el viaje, la ida y el regreso. A una desgracia le siguió otra; la muerte de Eustolia sucedió el martes.
Cochoapa el Grande es el municipio más pobre del país, según lo estima el Consejo Nacional de Población. Neil Arias Vicinio, del Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan, señala que en la Montaña de Guerrero las mujeres no tienen derecho a la salud.
Describe que mueren en el camino accidentado, sobre un camión que les cobra más de lo que cualquier familia puede pagar. Aquí, forzosamente tienen que ser trasladadas si hay complicaciones. Como otras comunidades, Lago de la Garza no tiene consultorios médicos. Ahí hay que bajar por la montaña para encontrar las clínicas; pero sin ambulancias, medicamentos y equipo, parecen inútiles. En ocasiones ni siquiera está el médico.
La activista denuncia que las brigadas de salud no cumplen con los calendarios para subir a las comunidades. Por el contrario, han pasado más de cuatro meses sin que las visiten. Por ello no hay seguimiento de los embarazos, lo que podría evitar la muerte de las madres.
Tradicionalmente son las parteras quienes reciben a los niños, pero no tienen capacitación para auxiliar a las mujeres cuando se presentan complicaciones obstetricias. No obstante, los hospitales no se salvan de las deficiencias en la atención.
Arias Vicino comenta que algunas mujeres se han aliviado en los baños y pasillos de los nosocomios, por la cantidad de personas que acuden a recibir asistencia médica: “A las mujeres embarazadas se les ve tocando la puerta de emergencias para ser atendidas, y les piden que esperen”.
A la falta de servicios de salud, la defensora de derechos humanos suma la discriminación. Ser mujer, indígena y monolingüe es una barrera para ser atendida debidamente.
En Cochoapa el Grande, observa Arias Vicino, los programas sociales y de salud no resuelven el problema. Se requiere, advierte, atención de tercer nivel y hospitales especializados.
Expresa que sólo interponiendo un amparo contra la Secretaría de Salud es posible recibir lo justo. La comunidad de Mininuma lo hizo para que su clínica fuera equipada con fármacos y personal médico. Ahí los menores fallecían por padecer gripa y diarrea. En la Montaña, “siguen muriendo madres y niños porque las autoridades dicen que no hay presupuesto para dotar a las clínicas con lo necesario. Para que una mujer pueda gozar de salud, necesita dinero, y si no lo tiene, muere”.
Subraya que el Estado tiene la obligación de garantizar derechos sociales –como la salud–, de abrir hospitales y ofrecer una atención eficaz durante la etapa del embarazo y el parto. Reitera que Eustolia y sus gemelos murieron porque no había un médico cerca.
De acuerdo con el Monitoreo ciudadano de mortalidad materna y servicios de salud, estudio realizado por la asociación Alianza Cívica en noviembre de 2009, la Montaña de Guerrero es la tercera jurisdicción sanitaria con el mayor número de muertes maternas. En 2005, 2006 y 2007, alcanzó un promedio de 122.47 muertes por cada 9 mil nacidos vivos.
Guerrero ocupa el primer lugar en mortalidad materna. El estado que se ubica como segundo lugar en rezago social, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, entre 2005 y 2007 alcanzó una razón de 74.21 muertes por cada 10 mil nacidos vivos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que la mortalidad materna está asociada a la marginación, la pobreza de las mujeres y las deficiencias en las políticas enfocadas a la salud sexual y reproductiva.
Es principalmente causada por complicaciones obstetricias: las hemorragias posparto, las infecciones, la eclampsia, la prolongación y la obstrucción del parto o los efectos de un aborto peligroso. La anemia, agravada por el paludismo, el Virus de Inmunodeficiencia Humana y otras enfermedades aumentan el riesgo de muerte de la madre.
México y otros 188 miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) firmaron en 2000 los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Su finalidad es erradicar la pobreza mundial en 2015 y “acabar con las condiciones deshumanizadoras de la pobreza extrema”. Entre las metas, fue incluida la reducción en tres cuartas partes de la mortalidad materna entre 1990 y 2005.
Para cumplir con ese compromiso, la razón de mortalidad materna en México debe ser igual o menor a 22 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos, es decir, 417 muertes maternas en el país al año.
El Programa Nacional de Salud 2007-2012 también propone como meta disminuir a la mitad la tasa de mortalidad materna en los 100 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano; incrementar en 92 por ciento la atención del parto por personal calificado y establecer redes de atención de alto nivel. Además, en mayo de 2009, el Ejecutivo federal presentó el Programa para Prevenir la Mortalidad Materna.
Pese a las previsiones establecidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las intenciones del gobierno federal, la reducción en el índice de mortalidad materna se ha estancado desde 2002. Mientras de 2000 a 2001 disminuyó de 72.6 a 70.8 muertes por cada 100 mil nacidos vivos, para un año después bajar hasta 60, entre 2002 y 2003 aumentó en 2.7 muertes.
A partir de ese año, las reducciones no fueron significativas. Por el contrario, se observan también ascensos. En 2004 se registraron 61 muertes relacionadas con complicaciones obstétricas por cada 100 mil nacidos; en 2005, 61.8; en 2006, 58.6; en 2007, 55.6, y en 2008, aumentó hasta 57. Alianza Cívica advierte que, con esa tendencia, este país no cumplirá sus compromisos.
“México –observa Rogelio Gómez-Hermosillo Marín, presidente de Alianza Cívica– está en riesgo de no cumplir un compromiso internacional en una materia asociada a la desigualdad social, porque quienes mueren son las (mujeres) pobres. Ni con metas que fueron establecidas en función de la realidad de África”.
Muertes maternas en regiones no marginadas
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que toda persona tiene derecho a la protección de salud. La garantía está reconocida también en la Ley General de Salud, de Desarrollo Social, el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Salud.
México ha firmado y ratificado tratados internacionales, como las cartas Universal y Americana de los Derechos Humanos; los pactos internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
No obstante los compromisos adquiridos, en 20 jurisdicciones de Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, San Luis Potosí y Zacatecas, murieron 143 mujeres por cada 9 mil nacidos en tres años, señala el Monitoreo ciudadano de mortalidad materna y servicios de salud.
Rogelio Gómez-Hermosillo Marín expone que los indicadores exhiben el deterioro de los servicios de salud, la negligencia de las autoridades responsables y la desorganización del sector: “El sistema no atiende algo prioritario como un embarazo”.
Existen 234 jurisdicciones de salud en el país, responsabilidad de los gobiernos estatales, que atienden en primer y segundo nivel a la población sin seguridad social. De primer nivel son las consultas de control mensual del embarazo y las acciones preventivas y de monitoreo de la madre y el producto. La atención de parto es del segundo nivel, y en caso de complicaciones, se canalizan los casos de riesgo.
Chiapas, Guerrero y San Luis Potosí tienen el primero, segundo y décimo lugar en rezago social, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Paradójicamente, el Distrito Federal, Chihuahua, Estado de México y Zacatecas ocupan los últimos lugares. La capital del país tiene el lugar 31, mientras que Chihuahua, el 24. Unos escalones más abajo se encuentran el Estado de México, con el sitio 19, y Zacatecas, en el sitio 16.
De acuerdo con el Monitoreo ciudadano de mortalidad materna y servicios de salud, de Alianza Cívica, el Estado de México tiene la mayor cantidad de jurisdicciones con índices de mortalidad materna: Tenango del Valle, Jilotepec, Zumpango, Cuautitlán, Ixtlahuac, Xonacatlán y Valle de Bravo, con razones desde 80.64 muertes hasta las 115.7.
Aunque su nivel de desarrollo social o económico está por encima de otras entidades y no comparte sus condiciones de rezago social y pobreza, el Estado de México llegó al cuarto lugar en mortalidad materna con una tasa de 56.09 muertes por cada 9 mil nacimientos vivos.
Durante 2008, la entidad recibió 2 mil 445 millones 233 mil 30 pesos del presupuesto federal para el Sistema Nacional de Protección para la Salud. “La tercera parte de la peor atención en salud ocurre en el Estado de México”, opina Gómez-Hermosillo Marín.
Es también el caso del Distrito Federal. Sus jurisdicciones Tláhuac, Xochimilco y Coyoacán presentan indicadores de 123.07, 108.23 y 101.76 defunciones maternas, respectivamente. En 2008, la federación orientó a la capital del país 932 millones 836 mil 279 pesos.
El principal resultado, asegura el también consultor de organismos internacionales, es que los mayores índices de muerte materna también se registran en regiones desarrolladas, donde hay servicios de salud e infraestructura carretera. “Aun con esas condiciones, las mujeres no acceden a un paquete de atención mínimo”.
Califica de grave que, en las comunidades más alejadas, mujeres mueran por complicaciones obstetricias; pero “es un escándalo que la situación se presente con tan altos índices en regiones como el Estado de México y el Distrito Federal”. En su opinión, es resultado de la negligencia en la gestión de los servicios estatales de salud.
Creado en 2004, el Sistema Nacional de Protección a la Salud o Seguro Popular busca garantizar que quien no pertenece a un régimen de seguridad social goce de atención médica sin ningún costo. Desde su creación, el crecimiento de su presupuesto se ha multiplicado por 10. De orientarse 4 mil millones de pesos en su arranque, para 2009 se elevó a 40 mil. Este año se aprobaron 60 mil millones de pesos.
El Seguro Popular inició en 2008 la estrategia Embarazo Saludable para asegurar la atención médica a las mujeres durante la gestación y hasta el momento del parto. En mayo de 2009, Felipe Calderón puso en marcha el Programa de Muertes Evitables, para focalizar esa atención en algunos estados clave.
Aunque los recursos son transferidos a los estados, cuestiona el presidente de Alianza Cívica, ¿dónde está la atención que se tendría que prestar con esos montos? “Por primera vez no hablamos de que los problemas de salud básicos no se resuelven por falta de presupuesto, porque el mecanismo de financiamiento existe y se reparte según el número de afiliados. Es claro que no están auxiliando a las mujeres embarazadas”.
Al presupuesto que reciben las entidades por concepto del Seguro Popular, se suma el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del Ramo 33.
Con los resultados, expresa el también excoordinador nacional del Programa Oportunidades, se puede deducir que los gobiernos estatales no están abriendo hospitales que den servicio las 24 horas para atender emergencias, como las cesáreas.
Por el contrario, observa, están encauzados al desarrollo de hospitales especializados, descuidando la atención de primer nivel en algo esencial como la salud materna: “Anuncian la apertura de grandes hospitales y tienen jurisdicciones con esas tasas. Un parto no es una enfermedad que represente un alto costo o servicios médicos especializados; se trata de algo básico”.
Considera que la Federación es también corresponsable por la falta de supervisión del manejo de los recursos.
Muerte materna, asunto de marginación
El excoordinador del Programa Oportunidades durante el gobierno de Vicente Fox, Gómez-Hermosillo Marín, recuerda que la mortalidad materna es un problema de marginación. La falta de acceso físico (distancia entre la paciente y la clínica), económico, de seguridad social y de atención óptima hacen imposible la atención para mujeres embarazadas.
La jurisdicción de Creel, en Chihuahua, tiene el mayor número de muertes por complicaciones obstetricias. De 2005 a 2007, registró un promedio de 143.30 muertes maternas por cada 9 mil nacidos vivos.
Comprendida por los municipios de Monia, Ocampo, Uruachi, Aquiles Serdán, Bocoyna, Batopilas y Morelos, la jurisdicción es la segunda en la entidad con el mayor número de muertes por deficiencias en la nutrición. Su población es mayormente tarahumara: pueblo que habita en comunidades dispersas en una región serrana de difícil acceso comercial y de servicios de salud.
La delegación Tláhuac, del Distrito Federal, es la segunda jurisdicción con la mayor razón de mortalidad materna, con 123.07 muertes por cada 9 mil nacidos vivos. De acuerdo con la Fundación de Estudios Urbanos y Metropolitanos Adolfo Christlieb Ibarrola, la delegación tiene índices de pobreza severa.
Además, registra proporciones altas de mexicanos sin seguridad social. Según el Conteo de Población y Vivienda 2005, de la población total en Tláhuac, casi el 48.5 por ciento respondió ser derechohabiente, mientras que el 49.4 por ciento, es decir, 149 mil 716 personas, dijeron no pertenecer a ningún régimen de salud.
Para 2008 –dice Alianza Cívica–, menos de la mitad de quienes no estaban asegurados han accedido al Seguro Popular. Hasta ese año, sólo se acreditaron 65 mil 226 beneficiarios.
Tenango del Valle, Estado de México, es la cuarta jurisdicción con mayor incidencia de muertes por complicaciones obstetricias. De los 272 mil 753 habitantes en 2005, sólo el 26.5 por ciento dijo tener acceso a un régimen de derechohabiencia. Es así que 186 mil 322 personas, casi el 70 por ciento, no estaban aseguradas. Tres años después, el 39.3 por ciento de esa población fue integrado al Seguro Popular.
Alianza Cívica entrevistó a 226 mujeres en Tenango del Valle, Tláhuac y Tamazunchale, San Luis Potosí. Sólo a 32 les fue realizado un ultrasonido en la misma clínica, y 60 respondieron que en alguna ocasión se les negó el servicio por no estar afiliadas al Sistema Nacional de Protección a la Salud, por ausencia de personal, por falta de cita, problemas con el horario o porque había muchas pacientes solicitando el servicio.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la OMS recomiendan un mínimo de cuatro consultas durante el embarazo para detectar y tratar posibles infecciones y síntomas de riesgo.
La organización civil sugiere que deben realizarse mejoras de manera inmediata en la cobertura, el monitoreo y la supervisión en la prestación del servicio y en el cumplimiento de los programas.
Parto sin riesgo, privilegio de países ricos: ONU
De modesto califica Ban Ki-Moon, secretario general de la ONU, el progreso para disminuir la mortalidad materna en el mundo. En su Informe 2009 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio observa que para ese fin se requieren cambios estructurales y compromisos políticos sólidos. Cada año, 536 mil mujeres fallecen por complicaciones del embarazo, el parto o el puerperio. El 99 por ciento de las muertes ocurre en países en desarrollo.
Naciones Unidas declara que el parto sin riesgo es un privilegio para ricos: “La mortalidad materna figura entre los indicadores de salud que evidencian una de las mayores brechas que separan a ricos y pobres, tanto entre países como dentro de ellos”.
Los países desarrollados tienen apenas nueve muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos. En los países en desarrollo, la razón se incrementa en 450 por cada 100 mil. África subsahariana y Asia meridional concentran el 85 por ciento de la totalidad de muertes maternas. Catorce países poseen tasas de al menos 1 mil por cada 100 mil.
Hasta 2005, las muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos en Oceanía se contaron en 430; en Asia sudoriental, 300; en Asia occidental y África septentrional, 160; y en América Latina y El Caribe, 130.
De 1990 a 2005, las muertes maternas disminuyeron de 480 a 450. La pequeña reducción, expone Naciones Unidas, indica que solamente algunas regiones han progresado. En África septentrional, Asia oriental y sudoriental se registraron disminuciones del 30 por ciento o más.
Aunque en Asia meridional las muertes fueron menores en 20 por ciento, el reporte señala que el número continúa “inadmisiblemente alto”. Por su parte, los avances en África subsahariana, que incluye a los 43 países de la denominada África negra, también han sido mínimos. Continúa siendo la región donde las mujeres están en mayor riesgo de morir a causa del embarazo o parto.
El 34 por ciento del total de casos en el territorio fue causado por hemorragias, muertes que, observa Naciones Unidas, son evitables: “La mayoría se podrían sortear con servicios de salud reproductiva de buena calidad, atención prenatal y del parto por personal calificado y el acceso a servicios de emergencia”.
Menos de la mitad de las embarazadas en los países en desarrollo obtienen atención prenatal, mientras que en África subsahariana y Asia meridional más de la mitad de los partos se realizan sin la atención de personal competente. Las cifras han cambiado poco en los últimos 10 años, lo que revela “el limitado avance en temas de salud materna y prestación de servicios de salud reproductiva en esas regiones”.
Citar fuente: Contralínea, periodismo de investigación No. 167 31 Enero de 2010
http://www.voltairenet.org/article163819.html
Por: Paulina Monroy
